La importancia de la participación local en proyectos renovables en Cataluña
La velocidad con la que el mundo consume los recursos obtenidos del propio planeta, y la realidad de desigualdad de materias primas, obliga a los estados a buscar alternativas para que los precios no terminen asfixiando a su población.
Una de las fórmulas con mayor aceptación es la generación de energía renovable. Esto ha provocado que la demanda de apertura de parques solares y eólicos se haya disparado, y los proyectos se acumulen entre trámites burocráticos de la Administración.
Desde todos los gobiernos se está buscando una solución para que la instalación de estas plantas generadoras de energía se haga en el marco de una política integradora que afecte lo menos posible a los espacios utilizados y repercuta de forma positiva y proactiva en las comunidades donde se asienten estos parques.

La legislación catalana y los beneficios de la participación local
Actualmente, la legislación en España sobre energías renovables se basa en los propios documentos que provienen desde la Unión Europea,que establece el fomento del uso de energía de fuentes renovables, y se usa como normativa clave para la transición ecológica de cara a conseguir los objetivos del Acuerdo de París sobre Cambio Climático.
A nivel regional, de momento solo Baleares y Cataluña recogen dentro de sus normas la obligación de la apertura de la participación local en los proyectos desarrollados en estas autonomías, aunque se espera que cada vez más comunidades apliquen estos criterios.
En el caso del territorio catalán es el Decreto Ley 24/2021, de 26 de octubre, de aceleración del despliegue de las energías renovables distribuidas y participadas, el que regula el modo y los criterios que deben presentar los proyectos para conseguir los contratos para sus proyectos.
Desde el Parlamento de Cataluña se ha incidido en la necesidad de afrontar el reto del desarrollo de las energías renovables con la necesidad de un diálogo social y de priorizar proyectos donde se tenga en cuenta la proximidad de la producción eléctrica de origen renovable a los centros de consumo.
Criterios de la participación local
- Los proyectos de parques eólicos y plantas solares fotovoltaicas de potencia superior a 5 MW, situados en tierra y en suelo no urbanizable, el promotor deberá acreditar que ha presentado una oferta de participación local y la disponibilidad o el compromiso de disponibilidad de más del 50% de los terrenos agrícolas privados sobre los que se proyecta la instalación solar o sobre los que se proyecta la cimentación de los aerogeneradores, incluidas las subestaciones eléctricas, y excluidos los accesos y las líneas de evacuación.
- La oferta de participación local consiste en ofrecer la posibilidad de participar, al menos en un 20% de la propiedad del proyecto o de su financiación, a las personas físicas (directamente o a través de una sociedad vehículo que los agrupe) y jurídicas, públicas o privadas, radicadas en el municipio en que se pretende ubicar la instalación, o en los municipios limítrofes a este municipio o los que pertenezcan a la misma comarca, y lo podrán hacer a través de plataformas como Fundeen, que permite invertir en proyectos en energías renovables desde 500 euros teniendo prioridad las inversiones locales.
- También se exige algunos requisitos a quienes estén dispuestos a participar, como estar empadronados o tener domicilio social en la zona como mínimo dos años; o por ejemplo que las personas físicas o jurídicas a las que se les ofrezca participar en el 20% de la propiedad o financiación del proyecto de acuerdo con el presente artículo no podrán tener una participación mayor al 10%.
- Además, se obliga a que la información sobre la oferta de participación se publique en dos medios de comunicación locales y debe quedar abierta hasta la fecha de otorgamiento de la autorización administrativa previa o hasta que se alcance el 20% de la participación.
Todas estas medidas buscan alcanzar el objetivo de que al menos el 30% de la energía renovable de nuevo desarrollo a implantar en el horizonte de 2030 sea distribuida y participada en la propiedad o financiación por la ciudadanía, las pequeñas y medianas empresas, las administraciones locales, las operadoras y comunidades energéticas ciudadanas y las comunidades de energías renovables.
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