Incendios y renovables en España: hechos, leyes y contexto para desmontar un bulo

El verano de 2025 quedará grabado como uno de los más duros en la historia reciente: más de 412.000 hectáreas de monte ardieron en España, dejando tras de sí un daño irreparable en biodiversidad, paisaje y vida rural.

En paralelo, circuló con fuerza un mensaje repetido año tras año: que esos incendios se provocan para abrir paso a parques eólicos o fotovoltaicos. Una idea que, aunque se difunda con facilidad en redes sociales, no se sostiene en los hechos. Ni la ley lo permite, ni la lógica ambiental lo avala, ni tiene sentido económico.

Qué dice la Ley de Montes

El artículo 50 de la Ley 43/2003 de Montes es inequívoco: los terrenos incendiados deben mantener su carácter forestal y no se les puede cambiar el uso durante al menos 30 años. La modificación introducida por la Ley 21/2015 solo admite excepciones muy concretas y mediante una ley aprobada en el Parlamento.

Esto significa que ningún incendio puede convertirse en una “oportunidad” para urbanizar o instalar renovables. Además, los parques eólicos no requieren recalificación de suelo: pueden implantarse en terrenos rústicos, siempre que superen los trámites ambientales.

La evaluación ambiental como filtro ineludible

Ningún parque se construye sin una Declaración de Impacto Ambiental positiva. Este trámite toma como referencia el estado previo del ecosistema, que es el que debe recuperarse tras un incendio.

Si un proyecto ya había sido rechazado, no puede reabrirse porque la zona haya ardido. Y si no existía autorización antes del fuego, tampoco la obtiene después: la evaluación se realiza con la fotografía ambiental anterior al incendio, y esa es la que se debe restaurar.

Europa y el “interés público superior”

La normativa europea reconoce a las renovables como de interés público superior para acelerar su despliegue. Sin embargo, este concepto no autoriza saltarse la protección ambiental ni sirve para cambiar el sentido de una evaluación negativa.

Tampoco antepone los proyectos energéticos a la recuperación forestal de un hábitat quemado. Al contrario: la restauración sigue siendo la prioridad, porque solo un territorio resiliente puede sostener en el tiempo cualquier iniciativa renovable.

Lo que ocurre sobre el terreno

Más allá de las leyes, la realidad es tozuda: un incendio no facilita nada. Al contrario, encarece y retrasa cualquier proyecto. La limpieza de los terrenos afectados, la obligación de reforestar superficies equivalentes o las medidas adicionales de vigilancia elevan los costes y complican la viabilidad.

No existe correlación entre dónde arden los montes y dónde se tramitan parques. Además, la huella física de un parque eólico apenas ocupa una pequeña parte de la superficie, menos del cinco por ciento, manteniendo en el resto los usos agrícolas, ganaderos o forestales.

Aliados en la prevención y la gestión

Las infraestructuras renovables pueden, además, aportar beneficios indirectos en la prevención de incendios. Los caminos de acceso que se construyen para operar los parques actúan como cortafuegos y facilitan la entrada de los equipos de extinción.

La presencia de personal técnico y sistemas de monitorización permiten detectar conatos de fuego de manera temprana y mejorar la coordinación en emergencias. Se trata de un complemento útil a la gestión forestal, que en ningún caso sustituye la acción pública, pero que sí suma cuando cada minuto cuenta.

En conclusión

El vínculo entre incendios y renovables es un bulo que resurge cada verano y que conviene desmontar con datos, con leyes y con sentido común. Provocar un fuego nunca ha sido, ni será, un camino para instalar un parque eólico o fotovoltaico.

España necesita acelerar su transición energética, pero siempre dentro de los márgenes que marcan la protección ambiental y la restauración de los ecosistemas. Solo así conseguiremos un futuro donde la energía limpia y el cuidado del territorio avancen de la mano.