Que la política no pare las renovables

Condiciones favorables

Las energías renovables serán más rentables que las de combustibles fósiles en 2030 casi en cualquier parte del mundo, por lo que el inmovilismo cada vez tiene menos justificación. La evolución tecnológica ha ido acompañada de una reducción vertiginosa del precio.

El coste medio de una célula fotovoltaica se ha desplomado desde los 77 dólares de 1997 a los 0,22 céntimos de dólar actuales.

Por tanto, ya tenemos la tecnología y el abaratamiento de precios para descarbonizar la producción energética. ¿Qué nos falta? Políticas que los lleven a buen puerto. En 2018, la Comisión Europea definió su estrategia para alcanzar una economía con cero emisiones de carbono en toda la región para el año 2050, y requirió que los países miembros de la UE establecieran planes nacionales de energía y clima para cumplir con los objetivos de cara a 2020 y 2030, que pasan por una fuerte implementación de las renovables.

El gran reto

Como comentábamos en el anterior artículo, todos los Estados se han puesto de alguna manera manos a la obra para intentar avanzar en la descarbonización. Sin embargo, aún queda mucho por avanzar. Estamos a punto de llegar a la primera “meta volante”, y casi ningún país ha cumplido su calendario. Como concluye el informe Renewables 2019 Global Status Report de la organización internacional REN21.

El reto no es fácil, porque cubre muchos flancos. Así lo definen desde la propia Unión Europea:

“La transición hacia un modelo bajo en emisiones de carbono tiene como objetivo crear un sector energético sostenible que estimule el crecimiento, la innovación y el empleo, al tiempo que mejora la calidad de vida, amplía las opciones disponibles, refuerza los derechos de los consumidores y propicia, en última instancia, el ahorro en las facturas domésticas”.

Desde Fundeen, no nos cansamos de decirlo: hay que pisar el acelerador. Hacen falta medidas más radicales, como las que ya están adoptando algunos países en los que deberíamos mirarnos. En 2018, Costa Rica anunció su plan para convertirse en el primer país descarbonizado del mundo. Israel se comprometió ese mismo año a eliminar el uso del petróleo y el carbón para la producción y el transporte de energía en 2030. Y el Estado de California ha establecido la meta de alcanzar la neutralidad de carbono a más tardar en 2045.

Y, ¿en España?

En España, aunque tenemos un Ministerio de Transición Ecológica, seguimos sin una Ley de Cambio Climático que la lleve a término, una medida reclamada desde hace años por la ciudadanía y la comunidad internacional (muchos países cercanos ya la tienen).

Esta norma debería reflejar, además de la necesidad de más eficiencia energética y más generación renovable, un apoyo claro a la modernización de las redes de distribución y de transporte. Por un lado, porque con el reciente Decreto de Autoconsumo se han eliminado las trabas para que cualquiera pueda instalar su propia placa solar. La producción, por tanto, se descentraliza y ahora hace falta una buena red capaz de gestionar esa generación distribuida. Por el otro, porque las empresas dueñas de estas redes tienen el potencial para invertir “en la modernización, digitalización y automatización de la red eléctrica para integrar la gran cantidad de nuevas instalaciones renovables que requiere el sistema eléctrico”, según un informe de Deloitte. Estas inversiones generarán más de 40.000 empleos solo en un año y reducirán un 10% la tarifa eléctrica.

Precisamente, estos son los objetivos que ha marcado la Unión Europea. Y los tenemos más al alcance de la mano que nunca. Vosotros, ¿qué opináis?