La mina de uranio de Berkeley y la prohibición del Gobierno
PSOE y Unidas Podemos han pactado una enmienda al proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, presentado en mayo, que prohíbe “la investigación y el aprovechamiento de minerales radioactivos […] cuando tales minerales sean extraídos por sus propiedades radiactivas, fisionables o fértiles en todo el territorio nacional”. También “se procederá al archivo de cualquier procedimiento relacionado con la autorización de instalaciones radioactivas del ciclo del combustible nuclear para el procesamiento de tales minerales”. A la espera de que el texto recabe el apoyo de más partidos -se espera que la ley se apruebe a principios del 2021-, esta enmienda viene a poner punto final a la polémica mina de uranio de Berkeley en Salamanca.
“Prohibimos también la investigación y el aprovechamiento de materiales radioactivos, como el uranio, y archivamos cualquier procedimiento relacionado con este tipo de instalaciones”, publicaba la Secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra, a través de su cuenta de Twitter (tweet eliminado). Esta afirmación, por ambigua, suscitó numerosas dudas en la red social: ¿se prohibirá la investigación y el aprovechamiento de materiales radioactivos también con fines sanitarios? La enmienda prohíbe la investigación “cuando tales minerales sean extraídos por sus propiedades radioactivas en todo el territorio nacional”, de modo que no se impide investigar con este tipo de minerales si son importados. Este matiz manifiesta que la enmienda tiene un propósito bastante concreto: impedir que la mina de uranio de Berkeley prospere.
La mina de uranio de Salamanca, diez años de polémicas
Muy cerca de Baños de Retortillo (Salamanca), en medio de un encinar protegido por dos directivas europeas (Zona de Especial Protección para las Aves y Lugar de Importancia Comunitaria), la compañía minera australiana Berkeley proyectó una mina de uranio a cielo abierto -la única de Europa-. Para explotar esta veta de 4,3 kilómetros de longitud y 120 metros de profundidad, se vallarían 2.517 hectáreas, de las que 240 estarían ocupadas por escombreras y una decena de balsas rellenas con agua, ácido sulfúrico, sosa cáustica y ácido clorhídrico, entre otros químicos, para la extracción y decantación del óxido de uranio. También sería necesario talar más de 25.000 robles, alcornoques y encinas. A pesar de ello, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León emitió el 25 de septiembre de 2013 una Declaración de Impacto Ambiental favorable a los planes de Berkeley.
Por otro lado, según la compañía minera, el proyecto implicaría una inversión de 250 millones de euros y la creación de 2.500 puestos trabajo directos e indirectos en la región. Berkeley quiso ganarse el favor de la población instalando WiFi gratuito en los pueblos de los alrededores, construyendo instalaciones deportivas o patrocinando eventos culturales, y defendió el proyecto como una oportunidad económica para la región. En palabras del director administrativo Paul Atherley, publicadas en El Economista, la mina de uranio de Salamanca permitiría a los jóvenes “tener familias, las cuales rejuvenecerán las otrora prósperas aldeas locales”.
Además de su gran potencial contaminante, la pobre rentabilidad del carbón y el encarecimiento de los precios de emisión de CO2 (de 5,8€ la tonelada en 2017 a 24,8€ tonelada en el 2019) ya avanzaba que el final de estas plantas no estaba lejos.
Sin embargo, la instalación comprendía tres proyectos que requerían la autorización de cuatro administraciones diferentes: la mina de uranio en sí, que contaba con el permiso medioambiental de la Junta; una planta de procesado del mineral, que debía ser autorizada por el ministerio; y un almacén de residuos, pendiente de la Diputación provincial y de los ayuntamientos de la zona. En septiembre del 2015, Berkeley consiguió el apoyo de la Junta y del Gobierno central para la construcción de la planta de concentrados y el almacén, pero la vigencia de esa autorización caduca a finales del 2020. La enmienda introducida en la Ley de Cambio Climático, de aprobarse, constituirá un mecanismo legal para no renovar esta licencia a Berkeley e impedir que avance el proyecto, que ya solo dependía de la autorización del Consejo de Seguridad Nuclear.
Un proyecto en la diana de los ecologistas
Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO BirdLife y WWF reclamaban al MITECO la no renovación de la autorización previa que el proyecto consiguió hace cinco años. Carlos Bravo, consultor de WWF, recordaba en agosto en un artículo de El Salto Diario que los planes para obtener uranio en España se remontan a la dictadura, cuando el país quería convertirse en potencia nuclear. Ya entonces se comprobó que la riqueza del uranio español es muy pobre.
Las “yellow cakes”, los concentrados de uranio que podrían producirse en la mina de Retortillo, tendrían una concentración del 99,3% del isótopo de uranio 238 y del 0,3% de uranio 235, que es el adecuado para producir energía nuclear. Estas tortas deberían, en cualquier caso, ser enriquecidas en instalaciones fuera de España. Después del desastre de Fukushima, España acordó con las principales compañías eléctricas el cierre progresivo de las nucleares. Todo ello pone en entredicho la viabilidad del proyecto, ya que parece improbable que un uranio de mala calidad pueda tener cabida en el mercado actual.
Renovables: oportunidad de España para combatir el retor demográfico con riqueza sostenible
La tribuna de Nacho Bautista, CEO de Fundeen, en el suplemento de Energía de elEconomista, página 44
Cada permiso que ha obtenido Berkeley en los últimos años ha sido profusamente publicitado, mejorando así su cotización en bolsa. Como contexto, tres promotores de esta mina causaron pérdidas de 2.500 millones al Gobierno francés con UraMin, otra iniciativa para explotar uranio en Namibia. Por ello, la Empresa Nacional de Uranio de España (Enusa) decidió no participar en la mina de Salamanca. En palabras de Bravo para El Salto Diario: “Berkeley no es una empresa minera en Australia, sino que se dedica a la compra de yacimientos y a especular con ellos, por ello el proyecto de Retortillo está orientado a generar expectativas y beneficios bursátiles”.
En definitiva, la mina de uranio de Retortillo podría no prosperar si se aprueba la enmienda introducida en el proyecto de Ley de Cambio Climático que prohibirá “la investigación y el aprovechamiento de minerales radioactivos […] cuando tales minerales sean extraídos por sus propiedades radiactivas, fisionables o fértiles en todo el territorio nacional”. Pero no, no se prohibirá la investigación con material radiactivo ni tampoco sus aplicaciones sanitarias.
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