Impuesto al sol, ¿qué es? ¿sigue vigente?

¿Por qué fue tan polémico? 

Ya en mayo del 2012, tres años antes de la aprobación del Real Decreto 900/2015, el director de Prospectiva Regulatoria de Iberdrola, Gonzalo Sáenz de Miera, lanza un documento titulado “Análisis del autoconsumo en el marco del sector eléctrico español”. En él, propone aumentar los costes de acceso y la implantación de un peaje para el autoconsumo. Esta propuesta está considerada como el embrión del Impuesto al sol que luego se materializaría en distintos anteproyectos de real decreto. Este hecho es controvertido porque la iniciativa parte del seno de una gran compañía eléctrica (parte interesada) como es Iberdrola.  

Por otro lado, la compensación económica al sistema eléctrico por su función de respaldo a los autoconsumos fue objeto de debate. Al fin y al cabo, este concepto (pagos por capacidad) ya están contemplados en la factura eléctrica. Aproximadamente el 10% de su importe sirve para retribuir a las centrales de respaldo que entran en funcionamiento cuando se producen picos de demanda. En este sentido, la norma graba incluso las instalaciones con baterías, cuando se entiende que el propósito de este tipo de dispositivos es, precisamente, servir como backup a una instalación fotovoltaica.  

Otra cuestión es la ambigüedad del Real Decreto 900/2015 en lo tocante al cálculo del Impuesto al sol y también la dureza de las sanciones por no registrar una instalación en el Registro de Autoconsumo: considerada como una infracción muy grave, la Ley del Sector Eléctrico establecía multas de entre 60.000€ y 6.000.000€. Sobre el papel, un pequeño autoconsumo (superior a 10kW) podría llegar afrontar sanciones muy severas por este hecho, aunque en la práctica no se llegó a ejecutar una política punitiva tan estricta.  

Sus consecuencias: el hundimiento de las renovables 

El principal argumento que esgrimió el entonces ministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria para defender el Impuesto al sol, se sostenía sobre este razonamiento: es injusto que los usuarios de autoconsumos estén exentos de contribuir al mantenimiento del sistema y que sea el conjunto de consumidores los que deban sufragar estos costes. Al fin y al cabo, aunque los autoconsumos generen su propia energía, como dijimos, también necesitarán conectarse a la red cuando la instalación no rinda lo suficiente.  

Sin embargo, este argumento resultó poco convincente y la opinión pública asumió que el Impuesto al sol era un mecanismo para proteger el negocio de las grandes eléctricas. El conflicto llegó incluso a los tribunales, la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (ANPIER) llevó el asunto al Tribunal Supremo, que finalmente consideró que no existía tal Impuesto al sol, sino una mera contribución al mantenimiento del sistema.  

Lo cierto es que este impuesto no afectaba directamente a los autoconsumos menores a 10 kW, la mayoría de las instalaciones domésticas, pero las trabas burocráticas y la confusión generalizada terminaron por hundir al sector. Si bien se puede sostener un debate (complejo y no poco viciado) respecto al peaje en sí, es incontestable que el impacto de este real decreto en la instalación de nueva potencia renovable en España fue muy negativo.  

Con su derogación -no solo del Impuesto al sol, sino del propio real decreto y de todas las dificultades administrativas que implicaba-, el sector ha vuelto a recobrar protagonismo. Aunque el objetivo de 600 MW de nueva potencia renovable que fijó la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) para este año puede no alcanzarse por la pandemia de la Covid-19, lo cierto es que el sector ha recuperado su vigor. Existe cierto consenso internacional en situar las renovables en el centro de la recuperación económica porque, más allá compensaciones al sistema eléctrico más o menos justas, las energías limpias son un valor de futuro y una fuente de oportunidades laborables que merece la pena impulsar.